El gobierno planea crear un nuevo cuerpo de reserva en el Ejército, formado por voluntarios civiles que actuarían en caso de un conflicto bélico -con el riesgo que sea utilizado en la represión de conflictos sociales- o de un desastre natural, según informaron ayer fuentes oficiales.
El Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguad está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley que impulsa la creación de un sistema de reserva de las Fuerzas Armadas.
Los reservistas civiles recibirían entrenamiento, capacitación y una remuneración; podrían actuar en caso de desastres naturales, y también se les daría adiestramiento militar para actuar sólo en caso de conflicto bélico.
El proyecto será enviado durante este año al Congreso y, en caso de que se apruebe, se realizará una convocatoria pública para que los civiles se sumen y reciban entrenamiento, que será similar al que recibe hoy un soldado.
La iniciativa contempla apuntar a profesionales jóvenes para que puedan trabajar con nuevas tecnologías y en la prevención de ciberdelitos.
El gobierno buscará este año reformar la carrera militar. Lo único que trascendió del proyecto en el que trabaja el ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue que las Fuerzas Armadas sumarán un sistema de reserva integrado por voluntarios civiles, que estarán a disposición para ser convocados ante un conflicto bélico o desastre natural. Los reservistas deberán pasar por un entrenamiento militar y percibirán un salario por estar a disposición, publica la web del diario Página 12.
Según informan los diarios Clarín y La Nación, esta nueva fuerza de reserva buscará sumar unos diez mil efectivos, al tiempo que estaría acompañada por la reducción del plantel de militares y civiles activos de las tres fuerzas. Entre los reservistas, el gobierno buscará atraer también a profesionales y técnicos, especialmente en el campo de la ingeniería, para atender "los desafíos de la ciberdefensa".
Si bien se desconoce aún el texto del proyecto, se sabe que el gobierno pretende redefinir el rol de las Fuerzas Armadas para extender su participación en temas de seguridad interior, algo que está expresamente prohibido por la ley.
En julio, el presidente Mauricio Macri oficializó el decreto 683/2018, que amplía el uso de las Fuerzas "ante cualquier otra forma de agresión externa" y ya no para actual sólo frente ataques de otros Estados como sostenía la reglamentación formulada por el gobierno de Néstor Kirchner.
Basada en las "nuevas amenazas", la doctrina de Cambiemos modificó el artículo principal para permitir que las tropas militares sean empleadas "ante cualquier otra forma de agresión externa", incluyendo el narcotráfico y el terrorismo.
"Son épocas de grandes transformaciones, el mundo está en constante movimiento y hoy somos testigos de acontecimientos cada vez más importantes. Necesitamos fuerzas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan", afirmó Macri cuando encabezó el acto por el Día del Ejército, el 29 de mayo pasado. Desde allí, reclamó también que las Fuerzas "contribuyan en la política exterior para generar confianza y reconocimiento a nivel nacional".
La colimba, suspendida
El servicio militar obligatorio, institución que existió en nuestro país durante casi un siglo con casi un centenar de soldados conscriptos muertos por maltrato o exigencias físicas inhumanas, fue suspendido en 1994 por la condena social que generó la desaparición y muerte del soldado Omar Carrasco en un regimiento del Ejército en Neuquén.
Tras salir sorteado para realizar el servicio militar obligatorio, Omar Carrasco se incorporó el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 16 del Ejército Argentino, en la localidad neuquina de Zapala.
Tres días después de su incorporación fue reportado como desaparecido, y considerado desertor. Poco después sus padres lo fueron a visitar en su primer franco interno y se les comunicó del hecho de la supuesta desaparición.
Sus padres desconfiaron de la versión oficial pues conocían el carácter de Omar, quien sería relativamente sumiso: jamás haría eso. Ninguna instancia militar les dio respuestas. El diario regional Río Negro publicó que los padres lo buscaban con desesperación. La justicia Federal de Zapala demoraba imprudentemente la investigación. La opinión pública comenzó a movilizarse y ejercer presión. Un mes después fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar, en el fondo del cuartel.
La entomóloga forense, investigadora del Conicet y doctora en Ciencias Biológicas, Adriana Oliva, participó en la segunda autopsia. Sus aportes permitieron establecer que el cuerpo del joven, que fue hallado en medio del campo, en realidad había estado escondido en el cuartel más de 20 días y luego fue trasladado, justo antes de reportar su aparición. Esta información fue fundamental en el esclarecimiento del crimen.
La Justicia Federal no investigó y con ello permitió que el Ejército se adueñara de su investigación. En esa investigación clandestina, fueron señalados sin pruebas? los responsables de la compañía de Omar a la fecha de su desaparición y la Justicia federal la asumió como propia, arrastrando con ello el vicio de origen.
Un año y medio después de que terminara ese controvertido y sospechado proceso los condenaron en un juicio oral que profundizó el ya creciente escepticismo entre la opinión pública, pues en él se ventilaron numerosas irregularidades en la obtención de los indicios que se usaron para llegar a las condenas, pues allí tampoco se encontraron pruebas. Las condenas al subteniente Canevaro a 15 años de prisión y dos soldados, Suárez y Salazar, a diez años calmaron el clamor popular que exigía juicio y castigo a los culpables, pero dejaron un sabor amargo porque no se pudieron corroborar efectivamente las acusaciones. En las investigaciones que se siguieron por los encubrimientos del crimen, y que se desarrollaron en el denominado caso Carrasco II, se descubrieron innumerables pruebas que chocaban con las sentencias que condenaron a los tres acusados. Entre las pruebas más importantes figura el ignorado Informe Brailovsky, una pericia solicitada por la fiscalía que llevó el nombre del perito de la Policía Federal que la llevó a cabo. En el extenso informe se asegura que los autores de la muerte de Carrasco son los médicos militares que le proporcionaron una atención médica clandestina y con error de diagnóstico y no los tres condenados en el juicio.
El que fuera posteriormente segundo jefe de Medicina Legal de la Policía Federal Argentina dio los nombres de los médicos a quienes él les atribuía la autoría de la muerte del soldado: El capitán médico Jorge Corvalán, jefe de traumatología del hospital del cuartel, el cardiólogo civil Norberto Kurchan, y tres subtenientes enfermeras, Viviana Antonia González, Patricia Troncoso y Claudia Peralta, además de la sargento Mabel Villalba de Verón.
Según esa pericia, realizada con nuevos elementos que no estuvieron disponibles para los peritos del Cuerpo Médico Forense al momento del juicio por el asesinato, entre los sospechosos también está el teniente primero médico neurólogo Daniel Temi. En las conclusiones elevadas al juez de la causa, se sugieren una cantidad de medidas de prueba a investigar, pero en vez de intensificar las pesquisas se dejó caer el caso en el olvido, hasta su prescripción.
El objeto de la suspicacia general fue que, aunque era evidente que Carrasco había sido golpeado, el hecho de que su agonía y muerte haya sucedido en un hospital militar, más el de haber estado oculto un mes en las instalaciones castrenses, señalaba claramente una intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, mientras que los tres condenados eran de la menor jerarquía existente, los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar y el subteniente Ignacio Canevaro.
En junio de 2005, la Justicia Federal de Neuquén sobreseyó a siete militares que estaban procesados por encubrir la muerte del soldado Carrasco, debido a la prescripción de la causa. En agosto de 2007, la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó el fallo anterior, pero en los hechos no tuvo ninguna gravitación. El caso Carrasco estaba oficialmente cerrado.
Una semana después de la aparición del cadáver, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación del Servicio Militar Obligatorio y tiempo después fue suspendido, mediante un decreto firmado por el entonces presidente, Carlos Saúl Menem, el 31 de agosto de 1994 y la implementación de un sistema de voluntariado rentado.
