Policía golpea una jubilada y golpea su cabeza con el piso

 Policía empuja una juvilada y le golpea la cabeza

En la marcha de jubilados realizada hoy frente al Congreso Nacional, se registró un lamentable episodio de violencia institucional que merece nuestro más enérgico repudio. Durante la manifestación, Beatriz Bianco, una jubilada de 87 años, fue brutalmente agredida por un oficial de la Policía Federal Argentina, resultando en una caída que provocó que su cabeza golpeara contra el asfalto. La señora Bianco fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich para recibir atención médica.

Este hecho se produjo en el contexto de una protesta pacífica en la que jubilados, acompañados por hinchas de distintos clubes de fútbol y organizaciones sociales, reclamaban por mejoras en sus haberes y condiciones de vida. La respuesta desmedida de las fuerzas de seguridad, que incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes, es inaceptable y contraria a los principios democráticos que deben regir en nuestro país.

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La agresión sufrida por la señora Bianco no es un hecho aislado, sino parte de una escalada represiva que busca silenciar las legítimas demandas de nuestros adultos mayores. Es fundamental que se identifique al oficial responsable de este acto de violencia y se inicie de inmediato una investigación judicial para determinar las responsabilidades penales correspondientes. La justicia debe actuar con celeridad y firmeza para garantizar que hechos como este no quedan impunes.

Además, es imperativo que las autoridades revisen y modifiquen los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, asegurando el respeto irrestricto a los derechos humanos y evitando el uso excesivo de la fuerza. La criminalización de la protesta social y la violencia institucional son prácticas que deben erradicar de nuestra sociedad.

Desde este espacio, expresamos nuestra solidaridad con la señora Beatriz Bianco y con todos los jubilados que luchan por una vida digna. Exigimos justicia y el fin de la represión estatal contra quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente.