El Gobierno Argentino y la Baja de Pensiones por Invalidez: Un Sistema que Excluye a los Más Vulnerables
En los últimos meses, numerosas personas con discapacidad han denunciado la suspensión de sus pensiones por invalidez en Argentina. Esta situación se agrava aún más debido a la falta de colaboración de los hospitales públicos, que no otorgan turnos para la obtención del certificado medico
Único de Discapacidad (CUD), un documento fundamental para acreditar la enfermedad y garantizar el acceso a este derecho.
Un sistema que pone trabas en lugar de soluciones.
La pensión por invalidez es un beneficio destinado a aquellas personas que, debido a una condición de salud, no pueden insertarse plenamente en el mercado laboral. Sin embargo, muchas de estas pensiones están siendo dadas de baja bajo el argumento de que los beneficiarios deben actualizar su documentación y demostrar nuevamente su incapacidad.
El problema radica en que el propio Estado impone barreras burocráticas que impiden que estas personas puedan cumplir con los requisitos. Los hospitales públicos, que deben facilitar la certificación médica para la obtención del CUD, no otorgan turnos con la rapidez necesaria. Esto genera una situación de incertidumbre y angustia para miles de personas que, sin este documento, quedan expuestas a la pérdida de su única fuente de ingresos.
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