Por el déficit, analizan cambios en las pensiones no contributivas

El ministerio de Hacienda también pone el foco en las pensiones graciables que otorgan los legisladores.

Para frenar el déficit de la Anses, el Gobierno analiza cambios en las pensiones no contributivas. En el ministerio de Trabajo afirman que controlarán quiénes reciben estas pensiones y eliminarán las que no sean correctas. De cada $100 que gasta el Estado, $55 se destinan a jubilaciones, pensiones y planes sociales, fundamentalmente a través de la Anses. En el Palacio de Hacienda, a su vez, hay preocupación por el gasto que significa la reparación histórica a jubilados. El gasto en prestaciones sociales y PAMI, saltó al 56% del gasto total del Estado desde el 47% que registraba en 2016. La entrada de divisas que aportó el blanqueo de capitales, según estiman economistas del Gobierno, apenas alcanzará para cubrir dos años el gasto constante que genera la reparación histórica.

El ministro Nicolás Dujovne llegó al Palacio de Hacienda con una premisa: reducir el déficit fiscal y lanzar una radical reforma tributaria. Pero a los técnicos del ministerio reconocen que ambas tareas se les están poniendo cuesta arriba y que no logran profundizar una reducción del gasto público que este año rondará el 45% del PBI.

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Pese a que la Anses cuenta una posibilidad que no tienen otras dependencias del Estado de financiarse en el mercado local con la compra y venta de bonos mediante mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el organismo sigue siendo deficitario. Más allá de las jubilaciones, en el Gobierno consideran que buena parte de ese déficit responde a las pensiones no contributivas. En total ascienden a 1.485.804. En promedio cada pensión equivale a $7.329 por mes, es decir, unos $10.889 millones mensuales. Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, es quien está a cargo de la tarea de revisar la sustentabilidad de esas pensiones, junto a una comisión integrada por técnicos de las carteras de Hacienda, Trabajo y Anses.

Los beneficiarios de estas pensiones son, entre otros, los soldados de Malvinas, inválidos, ONGs y madres de más de siete hijos. "Una madre con 7 hijos cobra mensualmente $16.000 del Estado solo con pensiones y Asignaciones Universales. Este tipo de programas es lo que estamos revisando", afirman en Trabajo. También las llamadas pensiones graciables podrían ser dadas de baja por el ministerio que comanda Jorge Triaca. "Es una facultad de la que gozan los diputados y senadores nacionales, pero hay que revisar si es justo su pago", explican en Trabajo. "Vamos a controlar quien las recibe, algo que antes no se hizo. Es la única manera de frenar el déficit de la Anses y achicar el gasto público", agrega la fuente oficial.

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Este año, por prestaciones sociales de Anses y fondos para el PAMI, desembolsará 1,1 billones ($1.152.135.000.000) lo que representa el 56% del gasto total, a precios constantes, 9 puntos porcentuales ($ 133.000.000.000) más que el año pasado. La decisión de pagar a los jubilados los juicios pendientes con el programa de reparación histórica, le significará al Estado un desembolso anual del equivalente al 0,8% del PBI. Ese gasto, al ser constante, no podrá ser financiado eternamente con los dólares que entraron por el sinceramiento fiscal, que inyectó fondos por el equivalente al 1,5% del PBI.

Aunque al asumir Mauricio Macri, el gabinete económico planteó la necesidad de "depurar" la plantilla pública, el gasto en salarios subirá esté año y superará al gasto del último año de gestión de Cristina de Kirchner. En 2015 a precios contantes, es decir, quitando el efecto de la inflación, el Estado destinó $342.089.000.000 a salarios de estatales y Universidades, este año esa cifra ascenderá a $346.448.000.000. En Hacienda ya analizan qué partidas podrían frenar para atenuar el gasto del tercer trimestre del año, el más complejo en términos fiscales. Aun así afirman que cumplirán con la meta fiscal del 4,2% y que el gasto primario será de $ 2 billones ($2.067.952.000.000) con ingresos presupuestados por $ 1,8 billones (1.882.818.496.302).

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Otra de las dificultades de Dujovne radica en achicar el gasto en subsidios. Tras los anuncios del desdoblamiento del aumento en la luz, y el freno en el aumento en la tarifa del transporte, los subsidios este año no podrán bajar del 10% del total del gasto. El año pasado los subsidios representaban el 16% del gasto.

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